Durante estas últimas semanas han proliferado en el norte de Italia, feudo de partidos de la derecha como el federalista Liga Norte o Forza Italia, iniciativas de varios ayuntamientos para "frenar" la presencia de inmigrantes, que han sido tachadas de "xenófobas" por una parte del mundo político.
El primero en endurecer las normas contra los extranjeros fue Massimo Bitonci, alcalde de Cittadella, en la norteña región de Veneto, quien impuso que tienen que ganar más de 420 euros ($6 728.35 pesos) al mes y contar con una casa en buen estado si quieren residir en la localidad.
"No queremos que en nuestro territorio vivan extranjeros que no se sabe de qué viven o qué hacen, por lo que es necesario que tengan una renta mínima", explicaba Bitonci al canal de televisión SKY.
El ministro de Solidaridad Social, Paolo Ferrero, aseguró que la medida es racista y discriminatoria porque "viola los derechos civiles y constitucionales" de las personas.
A la iniciativa de este municipio se ha unido estos días el ayuntamiento de Caravaggio, en la provincia de Bergamo, de la región de Lombardia (norte), que ha dispuesto que los extranjeros que no pertenezcan a la Unión Europea no pueden casarse con italianos sin tener el permiso de residencia.
La ley italiana permite que un extranjero pueda casarse con un italiano o italiana sin necesidad de tener ese permiso y optar después de dos años de matrimonio a la nacionalidad.
Sgobio pidió al Ministerio del Interior que intervenga lo antes posible para que "se detenga esta verdadera infamia, que corre el peligro de extenderse por el país".
El vendaval contra la inmigración que recorre el norte del país ha llegado también al pequeño pueblo de Montegrotto Terme, en la provincia de Padua, cuyo alcalde ha hecho escribir en los paneles de información municipales: "Ciudadanos emigrad. Viviréis mejor como emigrantes que en vuestro propio país".
Algunos como la alcaldesa de Romano d'Ezzelino, Rossella Olivo, han decidido incluso no conceder becas a los estudiantes que no sean ciudadanos de la Unión Europea.
Esta oleada de ordenanzas anti-inmigración ha sido también objeto de debates televisivos y sondeos en Italia.
La estupidez, intolerancia y muy escasa cultura les impide aprovechar la mano de obra que está dispuesta a trabajar duro y honradamente en las labores que sus ciudadanos consideran impropio, indigno o desagradable, o tal ves les tienen miedo, porque son incapaces de alcanzar el profesionalismo, la visión y la intelectualidad que muchos de los inmigrantes son capaces de desarrollar y sus ciudadanos no. Lastima por ellos.
El primero en endurecer las normas contra los extranjeros fue Massimo Bitonci, alcalde de Cittadella, en la norteña región de Veneto, quien impuso que tienen que ganar más de 420 euros ($6 728.35 pesos) al mes y contar con una casa en buen estado si quieren residir en la localidad.
"No queremos que en nuestro territorio vivan extranjeros que no se sabe de qué viven o qué hacen, por lo que es necesario que tengan una renta mínima", explicaba Bitonci al canal de televisión SKY.
El ministro de Solidaridad Social, Paolo Ferrero, aseguró que la medida es racista y discriminatoria porque "viola los derechos civiles y constitucionales" de las personas.
A la iniciativa de este municipio se ha unido estos días el ayuntamiento de Caravaggio, en la provincia de Bergamo, de la región de Lombardia (norte), que ha dispuesto que los extranjeros que no pertenezcan a la Unión Europea no pueden casarse con italianos sin tener el permiso de residencia.
La ley italiana permite que un extranjero pueda casarse con un italiano o italiana sin necesidad de tener ese permiso y optar después de dos años de matrimonio a la nacionalidad.
Sgobio pidió al Ministerio del Interior que intervenga lo antes posible para que "se detenga esta verdadera infamia, que corre el peligro de extenderse por el país".
El vendaval contra la inmigración que recorre el norte del país ha llegado también al pequeño pueblo de Montegrotto Terme, en la provincia de Padua, cuyo alcalde ha hecho escribir en los paneles de información municipales: "Ciudadanos emigrad. Viviréis mejor como emigrantes que en vuestro propio país".
Algunos como la alcaldesa de Romano d'Ezzelino, Rossella Olivo, han decidido incluso no conceder becas a los estudiantes que no sean ciudadanos de la Unión Europea.
Esta oleada de ordenanzas anti-inmigración ha sido también objeto de debates televisivos y sondeos en Italia.
La estupidez, intolerancia y muy escasa cultura les impide aprovechar la mano de obra que está dispuesta a trabajar duro y honradamente en las labores que sus ciudadanos consideran impropio, indigno o desagradable, o tal ves les tienen miedo, porque son incapaces de alcanzar el profesionalismo, la visión y la intelectualidad que muchos de los inmigrantes son capaces de desarrollar y sus ciudadanos no. Lastima por ellos.
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